El letrado lamento la falta de comunicación por parte de los agentes del Estado involucrados en este tema, situación que ha generado confusión e indignación en la sociedad peruana.

 

Según Salgado, un caso similar se resolvió tras la  demanda de interpretación en marzo del 2007 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se sentenció que el Estado no está obligado a pagar algún monto a subversivos.